Con la publicación hoy en la web oficial del ministerio de Justicia de la consulta pública previa, trámite preceptivo de toda iniciativa legislativa promovida por el Gobierno, da comienzo la andadura de una reforma legal intensamente demandada por el sector social de la discapacidad que se dirige a acompasar el Derecho civil español a los mandatos, principios y valores del artículo 12 del tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad, que consagra la plenitud de derechos de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico.

 

Mientras dure la consulta pública previa, todas las personas particulares y entidades que lo deseen podrán efectuar aportaciones sobre cómo debería ser esa reforma legal y qué aspectos y contenidos debe incorporar para adecuarse al objetivo perseguido.

 

La asunción por España de la Convención de la ONU de Discapacidad obliga al Estado a acomodar su legislación civil a lo dispuesto en el artículo 12 del tratado, que requiere de un sistema de apoyo a la toma de decisiones para las personas con discapacidad que los precisen, respetuoso e inclusivo con su completa capacidad legal.

 

En los últimos dos años el ministerio de Justicia a través de la Comisión General de Codificación ha venido trabajando en la preparación de una propuesta de reforma legal, en la que el CERMI ha participado haciendo llegar los planteamientos y criterios de la sociedad civil.